Antiextorsión: Reformas al Código Penal fortalecen lucha contra la extorsión

Las reformas al Código Penal impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández han sido un factor clave en la lucha contra la extorsión, desarticulando peligrosas bandas criminales, al lograr la captura de más de ocho mil extorsionadores y evitar el pago de más de L. 230 millones por este concepto.

 

Las estadísticas de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), reflejan bajas de hasta un 35% en los índices de extorsión y un aumento en las detenciones, gracias a las reformas penales impulsadas por el mandatario hondureño, y aprobadas en el Congreso Nacional en febrero de 2017, dando paso a una nueva legislación que contribuye a la represión del delito con penas de hasta 50 años y con capturas inmediatas desde que amenazan a sus víctimas.

Antes de las reformas al Código Penal, las detenciones de extorsionadores eran más complicadas ya que la única forma de que la Fuerza Nacional Antiextorsión efectuara capturas era hasta que el delito se consumaba con la entrega del dinero, porque la prueba anticipada no era aceptada.

Entre el 2014 y 2017 se reportaron 3,300 detenidos por extorsión y se evitó que la población pagara L. 232,875,600.00 en concepto de este delito. Actualmente la FNA opera en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y próximamente en Choluteca.

Avalancha y Tornado quebrantan estructuras
Además para enfrentar este delito, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el mandatario hondureño, dio paso a la Operación Avalancha, un golpe histórico y contundente contra los extorsionadores y criminales, al incautar y asegurar por primera vez bienes producto de la extorsión.

Operación Avalancha es el resultado de un trabajo coordinado y articulado entre la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) con el apoyo de la FNA y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), y el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Este operativo se desarrolló en tres etapas realizando más de 100 allanamiento que dejaron como resultado la incautación de más de L. 500 millones el aseguramiento de unas 2,000 propiedades, entre casas, terrenos, sociedades mercantiles y vehículos pertenecientes a bandas de extorsionadores.

A esta estrategia de inteligencia se sumó Operación Tornado, que permitió la detención de cabecillas de bandas de extorsionadores en diferentes puntos del país, donde se capturaron miembros de maras y pandillas y se decomisaron armas de alto calibre como AK-45 y AR-15, explosivo y drogas.

Estos operativos demuestran las acciones de inteligencia de los operadores de justicia y la confianza de la población en las autoridades para denunciar el delito en la línea 143, un sistema de denuncia efectivo que garantiza anonimato en cualquier denuncia.

Juzgados Antiextorsión

Para combatir la extorsión de forma más efectiva el presidente Hernández promovió la creación juzgados de jurisdicción nacional para combatir este delito, los cuales fueron habilitados por la Corte Suprema de Justicia.

Los Tribunales Especializados en Materia de Extorsión, están conformados por 30 magistrados, distribuidos en el Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones.

El Juzgado de Letras en materia de Extorsión en Tegucigalpa tiene jurisdicción en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Olancho y Valle.

Los magistrados fueron seleccionados con el protocolo de la Ley de la Carrera Judicial y las leyes respectivas para garantizar la transparencia en el proceso que contó con la veeduría del Poder Judicial.

Las políticas de represión por parte del Estado contra estos grupos criminales han recuperado la confianza de la población que denuncia cuando es víctima de los extorsionadores contribuyendo a reducir las cifras de este delito que tanto luto y dolor ha dejado en las familias hondureñas.


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