Reformas
Transformación del sistema penitenciario pone fin a décadas de ingobernabilidad en cárceles

Las reformas al sistema penitenciario y la construcción de cárceles de máxima seguridad dejaron atrás los lujos y privilegios que disfrutaron los reos durante décadas en los centros penitenciarios que se habían convertido en universidades del crimen gobernadas por los privados de libertad.

Históricamente las cárceles hondureñas eran dominadas por los jefes de maras y pandillas, quienes habían tomada la gobernabilidad de estos centros, desde donde ordenaban asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas, secuestros y otros ilícitos que atentaban contra la seguridad del país.

Para acabar con la ingobernabilidad que por décadas reinó en las cárceles hondureñas, el presidente Juan Orlando Hernández impulsó una serie de reformas que dieron paso a la transformación del sistema penitenciario hondureño, comenzando con la construcción de cárceles de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara; Moroceli, El Paraíso; y El Porvenir, Francisco Morazán.

Con la construcción de estas cárceles el presidente Hernández le puso fin a las bombas de tiempo que eran los presidios hondureños, tal es el caso del Centro Penal de San Pedro Sula, que en octubre de 2017 fue cerrado definitivamente por el mandatario hondureño, dándole fin a historias de muerte, extorsiones y asesinatos que desde ahí eran ordenadas por capos del narcotráficos, así como jefes de maras y pandillas.

Una vez se concluyó la construcción de estos centros penitenciarios, el mandatario hondureño giró instrucciones para que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) diera paso a la Operación Arpía, calificado como el traslado de privados de libertad más grande de Latinoamérica.

Los traslados de privados de libertad significó un duro golpe al crimen, ya que desde las cárceles operaban grupos delictivos acostumbrados a vivir en medio de lujos con acceso a armas, explosivos, municiones, elevadas cantidades de dinero y drogas, decomisados en constantes operativos de la FUSINA.

Hasta finales de 2017 se habían trasladado 5,763 reos: 2,523 al Pozo I y II en Santa Bárbara y El Paraíso respectivamente; 1,490 al centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán; y 1,553 reos considerados de mínima peligrosidad fueron distribuidos en distintos centros penales del país.

Las reformas para adecentar el sistema penitenciario conllevan la destitución de directores y custodios penitenciarios que fueron juzgados por infringir la ley y cooperar con los reclusos.

A esto se le suma el cambio y rotación de autoridades y personal de seguridad de todas las cárceles, así como la asignación de 592 nuevos agentes egresados de la Academia Nacional Penitenciaria, donde reciben una formación especial para garantizar el orden, control y seguridad de los centros penitenciarios.

El proceso también incluye beneficios para los custodios penitenciarios, quienes a partir de esta año gozan de un seguro de vida de L.200,000, lo que significa un incremento de L.140,000.

Espacios adecuados

Con la construcción de cárceles de máxima seguridad se cuenta con celdas que cumplen la normativa internacional de derechos humanos y se deja atrás el hacinamiento que impedía que se efectuaran los adecuados procesos de rehabilitación.

Ahora los centros penitenciarios garantizan el respeto a los derechos humanos, cuentan con las instalaciones adecuadas para que de acuerdo a los procedimientos que indican la ley los privados de libertad tengan acceso a programas educativos, servicios comunitarios, entre otras actividades que les brinde una oportunidad de rehabilitación, reinserción social y readecuación a los privados de libertad.

Estas labores son acompañadas por Consejos Técnicos Interdisciplinarios (CTIs), los que están conformados por personal capacitado como trabajadores sociales, psicólogos, maestros, abogados e instructores técnicos, que estructuran planes acorde a la situación de los reclusos.

Además los centros penitenciarios cuentan con equipo de médicos, odontólogos y enfermeras que brindan atención a los privados cuando lo requieren, así como un grupo de nutricionistas que se encargan de estructurar la dieta de internos. En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) hay ginecólogos y médicos pediatras para atender los hijos de las reclusas.

Sólo en el 2017 el Instituto Nacional Penitenciario invirtió unos L. 132 millones en la contratación de personal y en mejorar la infraestructura de los centros penales, de esta forma se marca un antes y un después en las políticas de seguridad implementadas por el Estado hondureño.


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